La Jornada - Martedì 14 marzo 2006
Più di 450 organizzazioni annunciano una protesta pacifica
Denunciano irregolarità nella consegna di appoggi in Chiapas

Approssimativamente 40 organizzazioni di contadini, ejidatari ed operai del Chiapas hanno denunciato che nell'avviamento dei programmi federale Procampo, Procede e Procecom, le autorità incaricate di distribuire le risorse stanno incorrendo in atti illegali, inganni e condizionamenti di opere, servizi e di altre forme d'assistenza governativa, e commettono una serie di irregolarità.

Davanti alle vere irregolarità che riportano, le organizzazioni agricole e rurali contemplano la possibilità di sviluppare un piano di informazione, denuncia e protesta pacifica contro questi programmi di appoggio del governo federale.

I presenti al primo incontro statale contro il Programma di Certificazione dei Diritti Ejidali e dei Titoli di proprietà Rurali (Procede) e quello di Certificazione in Comunità (Procecom) hanno presentato i risultati dell'inchiesta effettuata in ejidi e beni comunali del Chiapas.

Dal questionario, compilato in 28 ejidi, cinque beni comunali e nuovi centri abitativi, emerge che in 18 comunità dove le autorità agrarie avevano già promosso il Procede, al 44 per cento degli abitanti non era stato notificato che si trattava di un programma volontario; al 77,7 per cento non era stato spiegato che entrambi i programmi possono applicarsi in sei forme distinte ed all'83,3 per cento avevano detto che solo accettando il programma avrebbero ricevuto appoggi, progetti produttivi e materiale di costruzione per opera pubblica.

La relazione, tra il resto, sottolinea che l'atteggiamento dei visitatori agrari in gran maggioranza sono poco chiari e non danno informazioni. Nella maggioranza dei casi si minacciano le comunità di emarginarle dal Procampo se non si iscrivono a Procede ed a Procecom.

Davanti alle anomalie scoperte, le organizzazioni, gli ejidi ed beni comunali hanno denunciato che il governo federale dà ai suoi programmi agrari una messa a fuoco di inganni, bugie, minacce e condizionamento.

Inoltre li applicano in base a politiche che violano le leggi vigenti in materia agraria e civile, la Costituzione ed i trattati internazionali in questione di diritti umani.

(tradotto dal Comitato Chiapas di Torino)


segue la relazione completa...

Ejido Petalcingo, Municipio de Tila, Chiapas, México, a 12 de Marzo de 2006

A LOS EJIDOS Y BIENES COMUNALES DE CHIAPAS Y TODO MÉXICO
A LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y CAMPESINAS
AL RELATOR DE NACIONES UNIDAS PARA PUEBLOS INDÍGENAS
AL RELATOR PARA PUEBLOS INDÍGENAS DE LA CIDH
AL RELATOR ESPECIAL PARA MUJERES DE LA CIDH
AL COMITÉ DEL PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES

A LA OPINIÓN PÚBLICA ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

Los pasados días 10, 11 y 12 de marzo, las 35 organizaciones y 6 Ejidos y Bienes Comunales abajo firmantes, participamos en el Primer Encuentro Estatal contra el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos así como contra del Programa de Certificación de Derechos Comunales (en adelante el programa o PROCEDE/PROCECOM, respectivamente).

Dicho evento se inscribió dentro de los trabajos y actividades previos al Segundo Encuentro Nacional Contra PROCEDE y PROCECOM, que se realizará del
12 al 14 de mayo próximo en Zirahuén, Michoacán.

En este Primer Encuentro Estatal, en que participaron 600 campesinos y campesinas e indígenas de los Pueblos Cho´l, Tzeltal, Tsotsil, Zoque, y Chinanteco de todo Chiapas, así como Mixe y Zapoteco de Oaxaca, analizamos las formas en que el Estado Mexicano a través de sus dependencias agrarias, está instrumentando el PROCEDE y PROCECOM, encontrando que en la gran mayoría de los casos lo hicieron incurriendo en actos ilegales, con engaños, condicionando obras, servicios y otros programas gubernamentales, así como cometiendo una serie de irregularidades que se detallan en el siguiente diagnóstico, que se realizó a través de encuestas en ejidos y bienes comunales de todo el estado de Chiapas.

Los resultados que se muestran a continuación corresponden a 35 encuestas aplicadas a 28 Ejidos (80%), a 5 Bienes Comunales (14.3%), a un Nuevo Centro de Población (3.8%), y uno más a Copropiedad ( 2.9%); pertenecientes a los municipios de Ocosingo con 11, Palenque 5, Tumbalá 3, Benemérito de las Américas 2, Marqués de Comillas 4, San Cristóbal de Las Casas 2, Tila con 2, Chenalho 2, Chalchihuitan 1, Chilón 1, Altamirano 1 y Salto de Agua 1; correspondientes a los Pueblos indígenas Cho’l con un 38%, Tseltal con 36%, Zoque con 12%, Tsotsil con 2% y Chinanteco con el 2%. El total de la población representada por este análisis es de 41,523 habitantes, con un total de 69,541 hectáreas en posesión.

En 18 Comunidades, ya se ha ido a promover PROCEDE/PROCECOM:

En 13 Comunidades ya se iniciaron trámites para entrar a PROCEDE:

En 10 Comunidades ya aceptaron entrar al PROCEDE/PROCECOM:

Por todo lo antes expuesto, las Organizaciones, Ejidos y Bienes Comunales firmantes hacemos el siguiente PRONUNCIAMIENTO:

  1. Que las instancias encargadas de instrumentar el PROCEDE/PROCECOM, lo hacen enfocadas generalmente en engañar, mentir, amenazar y condicionar a Ejidatarios y Comuneros para obligarlos a aceptar estos programas, que son legalmente voluntarios.
  2. Que lo anterior denota la existencia de una política de Estado violatoria de Leyes vigentes tales como la Agraria, el Código Civil, el Derecho Consuetudinario Indígena, la propia Constitución Política Mexicana y una serie de Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por el mismo Estado Mexicano.
  3. Que en esta estrategia de imposición ilegal se encuentran coludidos los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, a través de sus distintas instancias como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos y Pesca (SAGARPA), Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Registro Agrario Nacional (RAN), Procuraduría Agraria (P.A.), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Delegaciones Regionales del Gobierno Estatal (SG), Presidencias y Agencias Municipales y otras. Así mismo lo hacen los partidos políticos. Cabe mencionar que en muchos casos estas autoridades presionan, corrompen y amenazan a los órganos de representación ejidal y comunal, tales como Comisariados y Consejos de Vigilancia.
  4. Que la reforma de 1992 al Artículo 27 de la Constitución Federal, por la cual se permite la legalización del latifundio, concluye el reparto agrario y se eliminan las garantías de inalienabilidad, inembargabilidad, instransferibilidad e imprescriptibilidad de los Bienes Ejidales y Comunales que garantizaban el patrimonio de las familias campesinas, indígenas y no indígenas, dejando así sus tierras a disposición del mercado, son del todo contrarias a diversos tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, especialmente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia que el Sistema Interamericano ha emitido a favor de los Pueblos Indígenas; lo cual implica una situación de regresividad en
    los derechos humanos de nuestros pueblos.
  5. Que PROCEDE y PROCECOM, además de poner en riesgo el patrimonio y medio de subsistencia de las familias campesinas indígenas y no indígenas, también constituye un acto del Estado que afecta culturalmente a las comunidades indígenas en particular, introduciendo prácticas individualistas contrarias a las ancestrales basadas en la tenencia colectiva de la tierra y trabajo y convivencia comunitaria; provocando desintegración familiar, comunitaria e intercomunitaria; alterando de igual modo sus instituciones y sistemas normativos tradicionales. PROCEDE y PROCECOM afectan gravemente el acceso a los recursos naturales que tradicionalmente han sido de uso común (leña, bosque, agua, grava, recursos minerales, etc.), convirtiéndolos ahora en propiedad individual.
  6. Que RECHAZAMOS PROCEDE y PROCECOM porque reproducen las prácticas de exclusión a las mujeres, al no ser tomadas en cuenta en las Asambleas ni con su voz y mucho menos con su voto, negándoles de hecho su derecho a la posesión de la tierra y a decidir sobre su destino. De la misma forma, la titulación individual a nombre de los varones, deja a las mujeres totalmente desprotegidas, pues los hombres pueden decidir unilateralmente el destino de la tierra sin ningún mecanismo comunitario que proteja el patrimonio familiar. Por otro lado, el ingreso a estos programas gubernamentales elimina la obligatoriedad ejidal o comunal, que antes de las reformas constitucionales se preveía, de otorgar una parcela productiva para las mujeres (Unidad Agrícola Industrial de la Mujer).
  7. Que RECHAZAMOS rotundamente el PROCEDE y PROCECOM, por ser contrarios a nuestros derechos y porque están claramente enfocados en la privatización de la propiedad ejidal y comunal, para favorecer los intereses económicos del sector empresarial nacional y extranjero, y despojarnos de nuestras tierras y sus recursos para entregarlos al capital trasnacional.
  8. Que dichos programas gubernamentales, además de ser el punto de partida para repetir el error histórico del acaparamiento de tierras, representan el abrir las puertas de nuestra soberanía a proyectos transnacionales como el Plan Puebla Panamá, el Área de Libre Comercio de las Américas y el Corredor Biológico Mesoamericano, entre otros.
  9. DENUNCIAMOS, que durante la mañana del 10 de marzo, precisamente el día de inicio de este Encuentro, se instaló un retén militar en el acceso al Ejido Petalcingo, siendo que jamás se habían colocado en ese punto, en donde se dedicaron a intimidar y fotografiar a los participantes que se dirigían al evento, a quienes interrogaron acerca de su procedencia, actividades, así como sobre su asistencia al Encuentro Estatal. Aclaramos que una situación exactamente igual sucedió en el 2º Encuentro Nacional de Reservas efectuado del 18 al 20 de febrero de 2005 en la comunidad Nuevo Francisco León, Ocosingo; con lo cual se pretende coartar nuestro derecho constitucional a la reunión y libre asociación. Consideramos que esto es un acto de hostigamiento.
  10. DENUNCIAMOS, que el día 11 por la mañana fue cortado el suministro de energía eléctrica en el Ejido Petalcingo, afectando el desarrollo de nuestro Encuentro al imposibilitar el uso de equipos de sonido y video; casualmente al igual que sucedió durante el mismo evento referido en el punto anterior.
  11. DENUNCIAMOS igualmente, que al menos tres personas que logramos identificar como miembros del ejército federal destacamentados en Tila, se infiltraron vestidos de civil en nuestro Encuentro y estuvieron tomándonos fotografías y video; motivo por el cual los expulsamos del lugar. Esta situación, junto a las referidas en los dos puntos anteriores, que suelen repetirse en eventos similares de la Sociedad Civil, revelan un cuadro sistemático de violación de derechos por parte del Estado Mexicano.
  12. Dado que en Oaxaca se repiten situaciones similares con PROCEDE y PROCECOM, CONVOCAMOS a los diversos pueblos indígenas y no indígenas, así como movimientos sociales de Chiapas, Oaxaca y el resto del país para unirnos frente a las distintas políticas neoliberales que atentan contra nuestro patrimonio, cultura, derechos, usos y costumbres.
  13. Que por todo lo antes expuesto hemos acordado desarrollar un Plan de Acción de información, denuncia y protesta pacífica en contra del PROCEDE y PROCECOM, que en su momento daremos a conocer y que incrementará la intensidad de su exigencia en la medida que el gobierno siga insistiendo en atropellar nuestros legítimos derechos.

¡ LA TIERRA NO SE VENDE, SE TRABAJA Y SE DEFIENDE !

Movimiento de Resistencia Popular del Sureste de Petalcingo, Resistencia Civil de Benemérito de las Américas, Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica (PUDEE), Colectivo Tsoblej-UNACH, Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), Coordinadora Nacional de Pueblos Indios (CNPI), Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ-histórica), Central Independiente de Obreros agrícolas y Campesinos (CIOAC- Jitotol), Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI-Oaxaca), Sociedad Civil Las Abejas, ARIC –Independiente y Democrática, AUPSEC de San Andrés Tuxtla, Colectivo Feminista Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetik, Bats`il Yajval Lum de Palenque, Comité de Derechos Humanos de Napité Zona Indígena, Kichan Kichañob, Red de Defensores de Tila, Maderas del Pueblo del Sureste, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Fundación León XIII- CDC Chiapas, Movimiento de Resistencia Popular del Sureste(MRPS), Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada, Frente Democrático Regional de Obreros y Campesinos(FEDROC), Organización Yomlej, Nuevo Amanecer de Chilón, Centro de Derechos Indígenas(CEDIAC), Movimiento Agrario Indígena Zapatista(MAIZ), Xi`nich, Antena Civil de La Selva, Enlace Comunicación y Capacitación, K’inal Antsetik, Foro para el Desarrollo Sustentable en Chiapas, Red de Comunicadores Boca de Polen, Melel Xojobal, Servicios y Asesorías para la Paz (SERAPAZ), Bienes Comunales de Nicolás Ruiz, Ejido Sitalá, Resistencia Civil del Ejido Aguacatenango, Ejido Emiliano Zapata de Marques de Comillas, Ejido Nueva Magdalena de Benemérito de las Américas, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova

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